El ex magistrado español utilizó los datos obtenidos de la computadora del dirigente de las FARC Raúl Reyes en la Operación Fénix para imputar a la ciudadana española Remedios García Albert, a pesar de que las pruebas habían sido obtenidas ilegalmente.
La acción irregular del Ejército de Colombia a un campamento de las FARC en marzo de 2008, que produjo la muerte de 15 guerrilleros y que fue calificado de una "masacre" por parte de la Comisión Verificadora del Gobierno de Ecuador, tuvo sus repercusiones judiciales en España. A pesar del origen ilegal de las pruebas obtenidas, éstas fueron utilizadas por Baltasar Garzón para imputar "colaboración con banda terrorista" a la ciudadana española Remedios García Albert, militante de organismos de derechos humanos que promueven la solución negociada del conflicto político colombiano.
Las pruebas obtenidas de la computadora de Raúl Reyes fueron logradas en una acción militar que vulneró la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas del cual España es signatario desde 1969. Cualquier acción que atente contra la vigencia de dicho Convenio implica la nulidad de las actuaciones llevadas a cabo y más aún si las pruebas obtenidas por el ex juez Baltasar Garzón tienen origen en un ilícito.
Sin embargo, el entonces magistrado del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional española, arremetió contra la ciudadana española a pesar de estas evidencias. En aquellos momentos, la cercanía política entre Garzón y el ex presidente colombiano Álvaro Uribe era una realidad. No obstante, el caso de Remedios García Albert quedó archivado dado que la Sala de casación de la Corte Superior de Justicia de Colombia admitió que las pruebas obtenidas de la computadora de Raúl Reyes no eran válidas. Garzón nunca purgó responsabilidad por estos hechos.
Garzón, en México junto a la disidencia cubana y la derecha colombiana
El pasado miércoles 9, el ex magistrado participó de una charla del UNIVERSAL THINKING FORUM 2013 (UTF) en México DF sobre "La libertad en peligro", junto a la disidente cubana Yoani Sánchez, el colombiano Francisco Santos (opositor a la negociación FARC-Colombia y partidario de la solución militar), el dirigente del PRI mexicano Raúl Cervantes y José Manuel Vivanco, director de Human Rights Watch para América Latina y opositor a las reformas del sistema de medios de comunicación en Ecuador y Venezuela.
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