Hoy aparecen, con algo de sinceridad, como aliados. Sin embargo, Llamazares planteó en 2002 la posibilidad de una ofensiva política contra el entonces juez de la Audiencia Nacional, a quien acusaba de estar al servicio de Aznar .
Por Diego Herchhoren, abogado.
Corrían tiempos de efervescencia social en España. Marchas estudiantiles todos los días, una situación económica lastrada por la precarización laboral y un pujante movimiento antiguerra que en algún momento observó a Izquierda Unida como referente electoral y que ponía incómodo al PP. Eran los años del "estamos trabajando en ello" de Aznar en el rancho de Texas de la familia Bush, del decretazo, de la "Ley de Calidad" de la enseñanza, de las ETT's y de las ilegalizaciones de partidos políticos.
Fue un momento clave de la vida política española, previo a los atentados del 11-M, donde había una polarización social importante, y un alto grado de participación. En ese contexto, Izquierda Unida parecía llamada a jugar el papel que en otros tiempos había jugado como catalizador de la izquierda, ante un PSOE en ese momento desguazado, con un líder como Zapatero que no convencía ni a propios ni a extraños, y con bajas expectativas de voto.
Garzón brillaba con la luz verde que el gobierno de Aznar le había dado en materia antiterrorista. El PP, en plena vorágine geoestratégica y sueños húmedos de integrar a España como el Estado nº 49 de los EE.UU., había confiado en el magistrado "de los derechos humanos" la ofensiva judicial contra el terrorismo, declarado como el problema nº1 de la España del aznarato. Luz verde a ilegalizaciones de partidos políticos, vista gorda para la tortura y ciudadanos árabes que pobres de ellos si no podían demostrar que no eran de Al Qaeda. Sobre esto, pueden comprobar ustedes mismos como Wikileaks, tecleando en su buscador la palabra "Garzón", hace referencia a los múltiples elogios de los EE.UU. hacia el ex juez en los años de la "guerra contra el terror"...y que ahora es abogado de Wikileaks. En algún momento habrá alguna explicación para esa triste ironía.
Sin embargo, Garzón tenía un enemigo que le estaba impidiendo brillar como quería: la Sección 4ª de la Sala de la Audiencia Nacional, órgano judicial de 2ª instancia que estaba anulando muchas de las resoluciones del juez estrella, en función de los graves errores de procedimiento que tenían o donde existían sospechas de que se hubieran llevado a cabo violaciones de los Derechos Humanos. Era considerada por la derecha de entonces "una sala que parecía un queso de Burgos de lo blanda que era", tal como la definió Francisco Pérez Abellán en Libertad Digital hace pocos meses. Era sin duda un obstáculo para los objetivos de Garzón y de Aznar. En los meses previos, dicha sala fue demonizada por su "inacción" frente al terrorismo.
El caso de Carlos Ruiz Santamaría, "El Negro"
Carlos Ruiz Santamaría, "El Negro", acusado de organizar una operación de narcotráfico de 11 millones de toneladas de cocaína, huyó después de que esta Sección decidiera dejarle en libertad el 27 de diciembre de 2001. El presunto narco pagó la fianza de cinco millones de las antiguas pesetas que le impuso el tribunal, que basó su decisión en un informe psiquiátrico elaborado por el personal médico del centro penitenciario, que aseguraba que padecía un «trastorno bipolar con tendencias suicidas». Ruiz Santamaría, además, engañó a los jueces al aportar una dirección en Madrid en la que no llegó a residir.
Este fue el elemento al que se agarró el gobierno del PP para disolver una Sala que no encarcelaba si había tortura de por medio, o si las pruebas eran dudosas, tal y como venía ocurriendo en los temas estrella de Garzón. El Fiscal General del Estado de entonces, Jesús Cardenal, se querelló contra los tres magistrados que formaban la Sala: Carlos Cezón, Juan José Antonio Ortega y Carlos Ollero, pero ésta no prosperó. Fue entonces cuando el PP utilizó su mayoría en el Consejo General del Poder Judicial para disolver esta Sala por la vía administrativa, y separar a los magistrados. Si bien esta decisión luego fue revocada por el Tribunal Supremo dos años después, la nueva composición del tribunal ya era acorde a lo que Garzón necesitaba para operar con las manos libres.
Llamazares: maniobra del PP contra la independencia judicial
En ese momento, el entonces Coordinador General de Izquierda Unida manifestó que la decisión del CGPJ de separar a los tres magistrados de la Sala no respondía a una batalla contra la corrupción. En enero de 2002, Llamazares lamentó que Cardenal no se haya querellado contra los jueces de la Sección IV de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para garantizar los derechos de los ciudadanos, sino que ha presentado la querella porque -dijo- representan "el sector más progresista de la magistratura".
Pese a reconocer que la decisión de estos magistrados de dejar en libertad bajo fianza a Ruiz Santamaría requería medidas disciplinarias, Llamazares opinó que la voluntad del Gobierno de Aznar a través de la Fiscalía General del Estado era "ajustar cuentas" contra aquellos jueces "que no bailan el agua al PP en sus atajos en materia antiterrorista". Se refería a la ilegalización de Batasuna, cierres de periódicos y denuncias de torturas, donde IU en ese momento era la única fuerza política que expresó públicamente su oposición. Además reprochaba que Cardenal no actuara de la misma manera con los casos de Tabacalera, Telefonica o Ercros, que afectaban a políticos y a personal cercano al Partido Popular
En ese momento, el conocido periodista de tribunales José Yoldi, nada sospechoso de simpatías con el gobierno del PSOE ni con los actuales detractores del ex juez Garzón decía:
"Creo que fui el único periodista que salió en defensa de la Sección Cuarta. Les pusieron una querella, insinuaron que habían robado dinero. Fue una verdadera campaña de acoso y derribo. Y al final el CGPJ, dominado por los conservadores, los trasladó. El asunto fue realmente penoso: utilización política de una historia para cargarse a tres magistrados que hacían lo que creían que era justicia y equidad. No digo que Garzón no creyera lo mismo. Pero es verdad que desde el ministerio de Interior en aquel momento [Jaime Mayor Oreja], como en otros momentos, le apoyaban a tope."
"A Batasuna les cortó la luz, el agua y el teléfono, algo que ningún partido podría soportar. Y cada vez que se reunía les detenían. Eso al ministerio de Interior les venía de perlas y a la Sección Cuarta, especialmente López Ortega, intentaba poner un límite en la legalidad de las acciones. Eso no le venía bien ni al ministro de Interior ni a Garzón. Y en cuanto hubo un problema lo utilizaron.(...) Cezón concedió un permiso por Navidad a un sicario detenido por narcotráfico, porque tenía trastorno, 'El Negro' y eso desató toda la campaña que acabó con los tres jueces."
Fuente: Periodista Digital 9/4/2013
En ese momento, quien escribe este artículo militaba en Izquierda Unida de Guadalajara. Por aquellos días, había revuelo en la coalición sobre qué hacer en este caso. El 24 de enero, Llamazares visitó mi ciudad e hizo una rueda de prensa donde habló sobre el que era el tema del momento, expresando una frase que me quedó en el inconsciente y que volví a recordar cuando Llamazares invitó al juez estrella a sumarse a su iniciativa "renovadora" de la izquierda: "Garzón y Cotino [Juan, entonces Director General de la Policía del PP y actual presidente de las Cortes Valencianas] se han hecho con la Audiencia Nacional".
Cosas como esta son las que hacen que le debamos a Garzón, en parte, el estado actual de los Derechos Humanos en España.
